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Sala Constitucional: “Isla Caballo deberá contar con agua potable”

Sala Constitucional: “Isla Caballo deberá contar con agua potable”

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“La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano de apellidos Umaña Leal, quien es vecino de Isla Caballo.  El recurrente acusa que su comunidad esta ubicada en el Golfo de Nicoya y que se abastece de aguas de pozos contaminados.  Es por ello, que se ven obligados a trasladarse a Puntarenas o a las islas cercanas por medio de “pangas” o botes para abastecerse de agua potable, situación que resulta muy costosa para las familias de escasos recursos”  Prensa, Poder Judicial.

Felicitamos al señor Umaña Leal y a los señores magistrados por el importante y decisivo paso por el derecho humano al agua potable del que están excluidos los isleños. La sentencia ordena a las autoridades de la zona a repartir el agua por medio de cisternas mientras se consolida la solución permanente que los habitantes necesitan.

Nuestra iniciativa ha participado en llevar bidones de agua potable desde Puntarenas a los hogares de los isleños y se ha reunido con autoridades de gobierno para buscar una solución permanente, sin embargo después del entusiasmo inicial y manifestación de apoyo por los proyectos, la autoridades no continúan con el proceso.

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En el pasado se han intentado desalojar a los habitantes de Caballo para dar paso a grandes proyectos hoteleros, argumentando que los isleños carecen de título de propiedad, lo cual nos parece lesivo al arraigo pacífico que estos habitantes tienen en la comunidad y al derecho de explotar la isla en respeto con su forma de vida y medio ambiente.

Esta sentencia reitera la posición de agua como derecho fundamental “en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la vida”. “…se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos – como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar-, así como de otros derechos civiles y políticos”.

Las resoluciones de la Sala Constitucional son inapelables y las autoridades públicas señaladas están en la obligación de acatarlas, de lo contrario pueden ser denunciados ante el Ministerio Público.

Esperamos que de una vez por todas los caballenses -como ellos mismos se definen- puedan tener la mejor de las soluciones con el problema del agua y puedan dar el paso definitivo para el turismo comunitario, como fuente de ingresos alternativas a los problemas de ingresos que enfrentan los habitantes frente a la pesca como principal actividad laboral.

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